Según el informe que ha hecho público el Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, y basado en los datos oficiales provisionales del Ministerio de Derechos sociales, en el primer semestre ha aumentado el número de personas en lista de espera en 16.536 personas, hasta llegar a las 286.861.
Como especifican en este informe, para elaborar estos datos no solo han tenido en cuenta las personas que están a la esperan de valoración (136.009), sino también las personas a la espera de que se les elabore el PIA (el reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde, que son 123.857) y las personas con PIA, pero esperando recibir la prestación o servicio que establece ese PIA (26.995).
Además, también se ha elevado el número de días que estas personas esperan una respuesta de la administración, y en los últimos seis meses se ha pasado de los 334 a los 342 días. Con el ritmo actual, como destacan en este informe, “el sistema de atención a la dependencia se tardarían 94 años a lograr la plena atención”.
Más personas atendidas, pero en un sistema ‘low cost’
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales reconoce en su informe que este año se han batido records de personas atendidas (1.689.695), con 44.532 personas más en los seis primeros meses del año, pero advierten de que el modelo sigue siendo ‘low cost’ y de que se aprecia cierta ralentización en el aumento de personas atendidas, “los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”, explican.
Esto podría deberse a que, como denuncian, en el año 2024 se paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021/2023) lo que ha producido “una merma importante en la financiación el sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios”.
Al ritmo actual en el sistema de atención a la dependencia "se tardarían 94 años en lograr la plena atención"
Desigualdades entre comunidades
Las desigualdades entre unas comunidades y otras puede observar en todos los datos. Por ejemplo, las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (35,4%), País Vasco (16%), Cataluña (14,5%), y Extremadura (11,8%); y las que menos Aragón (1,5%), Navarra (2,1%) y Cantabria (2,6%).
Por otro lado, siete comunidades (además de Ceuta y Melilla) han aumentado el número de personas en este limbo de la dependencia, especialmente Canarias (+44,2%), Castilla La Mancha (+40%) y Madrid (+31,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (51,7%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres Comunidades: Cataluña (39.755), Andalucía (18.749) y Canarias (15.171).
En cuanto a las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año fueron Galicia (10%), Canarias (6,7%) y Asturias (5,9%). Por el contrario, las tres autonomías que han disminuido el número de personas atendidas son Cantabria (0,8%), Extremadura (0,5%) y La Rioja (0,2%).
En España las personas con derecho aumentan un 3,2% y las comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2025 han sido Canarias (17,5%), Galicia (8,6%) y Asturias (5,6%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se ha reducido en un 0,2%.
El plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo están por debajo de ese margen en sus promedios Ceuta y Melilla (163), Castilla y León (113), País Vasco (129), Aragón (163) y Castilla-La Mancha (176), mientras que Navarra (202) y Cantabria (210) se encuentran cerca del plazo máximo y en el otro extremo estarían Andalucía (574 días), Murcia (564 días) y Canarias (521 días).
Además, Murcia y Madrid han aumento de manera importante los tiempos de tramitación en este primer semestre, en 44 y 30 días, respectivamente, mientras que Canarias, los ha reducido en 40 días menos, Andalucía en 28 días menos y Aragón en 26 menos, han reducido sus tiempos de tramitación.
Sin incremento de financiación, los derechos de la Ley de dependencia quedan en papel mojado
Escaso crecimiento y un sistema infrafinanciado
Desde el informe del Observatorio para la Dependencia advierten de que, a pesar de que el número de personas atendidas aumenta paulatinamente, el ritmo sigue siendo insuficiente para absorber las listas de espera, y apunta a dos razones fundamentales: a los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) “que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención”; y al ‘disparatado y proceloso’ entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, “lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.
El Plan de Choque para la dependencia, aunque reconocen que ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, “no ha cumplido con los objetivos de reducción esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia”, lo que provoca que se siga repitiendo la terrible situación de personas que fallecen esperando las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.
En los cinco primeros meses del año 2025 fallecieron 8.004 personas en esta situación, 3.960 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 4.044 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone que cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera.
En la actualidad, del total de personas en lista de espera, dos de cada tres se encuentran en Cataluña (77.745 personas), Andalucía (50.303 personas), Comunidad Valenciana (33.115 personas) y Canarias (28.867), y las que más han aumentado estas listas son Cataluña (7.972), Comunidad Valenciana (5.930) y Madrid (3.597), mientras Canarias, con 2.803 menos y Castilla y León, con 2.424 menos, lideran la disminución del número de personas en esta situación.
En cuanto a la financiación, desde la Asociación advierten de que el porcentaje de financiación del Gobierno de España sobre el gasto en dependencia con los últimos datos oficiales es del 28,6% “muy lejos de la financiación deseable que sería al 50%” y denuncia que, mientras que entre 2021-2023, tras aprobarse el Plan de Choque, se incrementó anualmente en 600 millones, en 2024 no se ha producido ningún incremento presupuestario, apenas el 5% que justifican por el aumento de personas atendidas, es decir, que se “aumentó el gasto por imperativo legal, pero no por compromiso político, aumentando el presupuesto que el Gobierno dedica a la dependencia”.
Además, según denuncian desde la Asociación, el aumento de presupuesto de los últimos años no compensa los recortes sufridos en 2012, pues el incremento acumulado desde 2021 ha sido de 3.793 millones de euros, mientras que “las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2020, fueron de 6.322 millones de euros”.
Como quieren recalcar en el final del informe, “sin incremento de financiación, los derechos de la Ley de dependencia quedan en papel mojado, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares”.
Comentarios